ONG exigen a Pedro Sánchez una “investigación independiente” que aclare lo ocurrido y depure responsabilidades sobre la masacre de Melilla
Organizaciones sociales que trabajan en la defensa de derechos han exigido, en una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una investigación independiente ante la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física de miles de personas el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla, que provocó la muerte de al menos 37 personas y cientos de heridos mientras trataban de alcanzar territorio español.
En el escrito, las organizaciones firmantes denuncian el desproporcionado uso de la fuerza contra la población civil y reclaman que los hechos sean investigados y enjuiciados con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades para que la represión y violencia no quede impune, y para que se garanticen los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares. “El hecho de que las operaciones en la frontera se hayan realizado por los cuerpos de seguridad de los dos países no debe obstaculizar la necesaria rendición de cuentas y atribución de responsabilidades”, señalan las entidades firmantes.
No es un caso aislado
Las ONG que trabajan en la frontera con Marruecos vienen denunciando un aumento de la violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en materia migratoria, y manifiestan que estos crímenes son consecuencia de políticas que vulneran el derecho a la vida y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por ambos Estados. “Sucesos como el de Melilla, responden a una política migratoria europea y española, sustentada en la militarización y externalización de las fronteras a terceros países no seguros, en el racismo institucionalizado y en la criminalización de quienes ejercen su derecho a la movilidad y a la búsqueda de protección”, explican.
Las organizaciones listan una serie de peticiones en su carta. Entre ellas, destaca la necesidad de que se faciliten vías legales y seguras para las personas que buscan seguridad y protección frente a la actual política de cierre de fronteras. Estas no solo deben contemplar las previstas en la ley de asilo española, sino también aquellas que derivan de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Parlamento europeo.
“Es necesario que se impulse la revisión del enfoque de la política migratoria de la UE. Se debe poner fin a la militarización y externalización de fronteras, y al desvío de fondos de cooperación a fines de control migratorio. La ayuda al desarrollo debe destinarse a la lucha contra la pobreza y la desigualdad; en ningún caso al control, externalización de fronteras y contención de las personas que huyen de los conflictos y la miseria”, concluyen.
En este sentido, las organizaciones firmantes demandan un cambio en la actual política migratoria española y europea, priorizando la inclusión en la centralidad de la agenda política y social, y situando los derechos humanos y el derecho a la vida como eje central de la gobernanza de las fronteras.
Las organizaciones firmantes son:
- Alianza por la Solidaridad-ActionAid
- Andalucía Acoge
- CEAR
- Entreculturas
- La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
- Médicos del Mundo
- Médicos Sin Fronteras
- Red Acoge
- Servicio Jesuita a Migrantes
- Save the Children
- Stop Mare Mortum